La jurisdicción de menores se enfoca en los delitos cometidos por personas menores de edad, entre los 14 y los 18 años de edad. En España, contamos con leyes especiales que buscan proteger a los jóvenes y ayudar en su reintegración a la sociedad, especialmente la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
El objetivo principal del procedimiento penal de menores es la resocialización y reintegración de los jóvenes en conflicto con la ley, priorizando siempre su interés superior. A diferencia del sistema penal para adultos, se enfoca en el tratamiento educativo y formativo del menor, buscando evitar la estigmatización y las consecuencias negativas que podrían derivar de un proceso penal tradicional.
Cuando un menor es acusado de cometer un delito, se inicia un proceso penal específico para su caso. El procedimiento se lleva a cabo ante la Fiscalía de Menores, que será quien se encargue de la investigación del asunto, y ante los Juzgados de Menores, que será quien se encargue de juzgar el asunto.
El Equipo Técnico y el informe.
La Administración de Justicia cuenta con una estructura especializada y profesionales capacitados en el trato con menores para esta jurisdicción tan particular. Juega un papel fundamental el Equipo Técnico en el proceso de evaluación y seguimiento de los menores expedientados. Este equipo está compuesto por profesionales de diversas disciplinas, como psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos y educadores, entre otros.
A través del informe de reforma, elaborado por este equipo, se recopila información relevante sobre el menor y se emiten recomendaciones para su rehabilitación y reinserción social. El objetivo final es proporcionar al menor las herramientas necesarias para su desarrollo personal y prevenir la reincidencia delictiva.Se establece un plan individualizado para cada menor, basado en sus necesidades y circunstancias particulares.
Objetivo del procedimiento penal de menores.
Durante el procedimiento, se garantizan una serie de derechos fundamentales para los menores, como el derecho a la asistencia letrada, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a ser oído y el derecho a la confidencialidad de la información. Además, se promueve la participación activa del menor en su propio proceso, fomentando la toma de responsabilidad y el aprendizaje de las consecuencias de sus actos.
El enfoque principal del sistema de justicia juvenil en España es la aplicación de medidas educativas y formativas, en lugar de sanciones punitivas. Estas medidas pueden incluir la realización de programas de formación, orientación y apoyo psicológico, la reparación del daño causado a las víctimas y la prestación de servicios a la comunidad. El objetivo es proporcionar al menor las herramientas necesarias para su reintegración social y la prevención de futuras conductas delictivas.
Sobre las medidas.
En el procedimiento penal de menores en España, se aplican una serie de medidas específicas destinadas a los menores expedientados con el fin de promover su reinserción y evitar la reincidencia. Estas medidas se enfocan en la educación, el apoyo y la rehabilitación del menor, teniendo en cuenta su desarrollo personal y sus circunstancias individuales. A continuación, se presentan algunas de las medidas más comunes utilizadas en este proceso:
- Medidas educativas: Estas medidas se centran en la formación y educación del menor. Pueden incluir la asistencia a programas educativos, la realización de cursos de formación profesional, la escolarización obligatoria o el acceso a programas de educación especializada.
- Medidas de orientación y apoyo: Estas medidas buscan brindar al menor orientación y apoyo para su desarrollo personal. Pueden incluir la participación en programas de orientación psicosocial, terapia individual o familiar, y actividades de apoyo y seguimiento para ayudar al menor a superar las dificultades que contribuyeron a su conducta delictiva.
- Medidas de reparación del daño: Estas medidas tienen como objetivo que el menor tome conciencia de las consecuencias de sus actos y repare el daño causado. Pueden incluir la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, la restitución a la víctima de los bienes sustraídos o la participación en programas de mediación para lograr acuerdos con las víctimas.
- Medidas de internamiento: Estas medidas se aplican en casos graves o de reiteración delictiva. El internamiento puede ser en régimen cerrado (en un centro de internamiento) o en régimen semiabierto (en un centro de régimen abierto). Durante el internamiento, se brinda al menor atención educativa, psicológica y social, así como actividades de formación y apoyo para su reinserción.
Cuando se nos presenta un asunto que tiene como vía la jurisdicción penal de menores, nuestro equipo legal se encarga de analizar cuidadosamente las circunstancias individuales de nuestro joven cliente. Nuestro objetivo principal es garantizar que se respeten sus derechos y brindarles el apoyo necesario durante todo el proceso. Trabajamos en estrecha colaboración con profesionales del ámbito social y psicológico. Juntos, buscamos las mejores soluciones para cada caso en un equilibrio entre la justicia y la oportunidad de rehabilitación para los jóvenes involucrados.
